“Cuando busca oro, tiene que ir bien preparado, pala y pico primerito, con una buena botella de puntas, y una pistola para espantar a las almitas”. Informante local de Chimborazo.

La extracción ilícita de piezas arqueológicas se ha convertido en un negocio productivo en nuestro país. Es así como se encabezan los distintos reportes que nos ofrece uno de los diarios más prestigiosos del país. Desde mediados de marzo, “El Comercio” ha realizado un seguimiento de los acontecimientos en Guano, provincia de Chimborazo, donde está ocurriendo una destrucción masiva de nuestro patrimonio arqueológico. Este es un caso más que muestra que esta ocupación ha resurgido con fuerza en el país.
Gracias a la curiosidad, investigación y descubrimientos de anticuarios y buscadores de tesoros, se desarrollaron las primeras raíces de la Arqueología. En el Ecuador, nuestros primeros arqueólogos estaban inmersos en este interés coleccionista, aunque hay que reconocer que, al menos, intentaron darle un sentido teórico a sus hallazgos. Sin embargo, esto no quita que, desde principios de siglo hasta el presente, la pseudoarqueología y la huaquería hayan sido los ingredientes más sobresalientes de la actividad arqueológica en el pais.

Buscar, en la ambición y la codicia, las razones por las que la gente de Guano se ha dedicado al saqueo de su pasado aborigen, sería olvidar el contexto en que se desarrolla la huaquería. Con agricultura y comercio precarios, la comunidad apenas subsiste, sin mayor futuro. Es así como los Meléndez, propietarios de un terreno incultivable, han tratado de “sacar algún provecho” del mismo, excavando tumbas precolombinas. Desde marzo del presente año, en Alacao y su región se han obtenido 150 kilos de oro, un ajuar completo puruhá y un centenar de vasijas. Los compradores varían entre joyerías locales y provinciales, y coleccionistas nacionales y extranjeros.
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo con los reportes casi diarios de la prensa, ha actuado de forma “mediática”, por decirlo de alguna manera. Primero acudió al lugar con una propuesta de “rescate de patrimonio”, misión que se ha llevado a cabo con intervención de las autoridades y con un programa de investigación de la zona que, hasta el momento, no se presenta con objetivos claros. Se ha ubicado a los culpables, se ha detenido a unos cuantos comerciantes de antigüedades y huaqueros, y se ha trasladado lo que se ha podido recuperar a un museo de la provincia. Luego de una “limpieza de la zona” (vaya uno a saber lo que esto significa !!!) se ha enviado un arqueólogo con su cuerpo técnico para excavar, sin mayor discriminación, en pos del “rescate” requerido por la ley. En este proceso se ha anunciado que, por falta de recursos, se acudirá a las universidades para que presten su contingente científico, pero hasta el momento no se ve participación alguna de la comunidad académica.
Tal vez la respuesta a estos repetidos errores sería que no tenemos en el país un manual de cómo proceder en casos de extracción ilícita, y que no hay suficiente presupuesto para atender estas eventualidades, cada vez más frecuentes. Sin embargo, hay que reconocer también la falla de todo el sistema burocrático del Instituto de Patrimonio, que carece de planes a largo plazo.
La utopía estudiantil de una investigación intensa y continua en todo el país, que ponga traba definitiva a iniciativas locales clandestinas, se junta a la necesidad de disponer de políticas que amplien la perspectiva de las comunidades y de la sociedad ecuatoriana sobre la identidad cultural y su deber de defenderla protegiendo lo que nos queda del pasado. Sin embargo, despertamos y nos damos cuenta de que vivimos en el país de los huaqueros, la burocracia y los pseudoarqueólogos.