La ciencia arqueológica se inició en Europa con el afán coleccionista de los siglos XVII y XVIII, cuando acaudalados miembros de la aristocracia organizaban campañas hacia el Medio y Lejano Oriente, en busca de monumentos y piezas arqueológicas para alimentar sus colecciones privadas. Ya en el siglo XVIII, en Dinamarca, Thomsen diseñó un procedimiento sistemático para organizar materiales museológicos y, desde entonces, el valor monetario de las piezas arqueológicas ha quedado ligado a su antigüedad. 

En Norteamérica, fue mas bien el afán conjunto de museos e instituciones académicas que permitió la inserción de la investigación en la formación de museos. En cambio, en América Latina y especialmente en el Ecuador, surgió un personaje híbrido, el coleccionista, que pretendia, él sólo, coleccionar y hacer ciencia. Los coleccionistas eran al mismo tiempo “académicos” y “empleados” de los museos institucionales para los que recolectaban piezas arqueólogicas, si no lo hacían, en el peor de los casos, para sus museos privados.
En la actualidad, el estudio de la arqueología, como ciencia que reconstruye el pasado, está desligado del coleccionismo, que es más bien visto como una práctica malsana e ilegal, que provoca la destrucción de los sitios arqueológicos. El arqueólogo italiano Ricardo Elia ha señalado que el verdadero huaquero es el coleccionista, y con ello ha puesto el dedo en la llaga de un problema que nadie quiere ver ni asumir. En Europa, el nivel de concientización sobre la cuestión ha llegado a tal punto, que el arqueólogo Colin Renfrew fue grandemente criticado por publicar un libro basado en el estudio de colecciones privadas, obtenidas indebidamente.
Cuando los organismos nacionales e internacionales, encargados de velar por la preservación de los sitios y evitar el tráfico de antigüedades, crearon leyes para controlarlos, sólo condenaron el huaquerismo y no el coleccionismo. Una vez más se condenaba al huaquero, generalmente un campesino que “huaquea” por simple ignorancia de la ley, o por aprovechar la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, la ley nada dice sobre los que mantienen el sistema de huaqueo, que son los coleccionistas. Algunos incluso creen que el Estado debe otorgarles medallas y premios por “salvaguardar” el patrimonio cultural. Otros han fungido de presidentes de la Casa de la Cultura, de instituciones culturales, del mismo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), y hasta de Ministros de Educación y Cultura.
En Ecuador, los inicios de la arqueología no fueron diferentes de los de Europa. Acaudalados lugartenientes y sacerdotes amasaron grandes cantidades de piezas y crearon sus propias colecciones, pero muy pocos realizaron análisis de sus materiales o publicaron sus resultados.
Posteriormente, el Banco Central del Ecuador creó su sistema de museos con la novelera idea de llenar sus reservas mediante la adquisición de piezas. Las inmensas cantidades de dinero empleado en la compra de estas piezas habrían podido subvencionar proyectos arqueológicos en todo el país, de los que se hubiera obtenido igual o mayor cantidad de piezas, pero esta vez con una historia detrás de las mismas. Si se hubiera procedido de esta manera, no nos veríamos ahora frente al fiasco de no estar seguros de dónde proviene el famoso sol de oro del Banco Central, pues al parecer hay confusión en el coleccionista que vendió la pieza al museo.
En la actualidad, el gran presupuesto facilitado por el estado al Área Cultural del Museo del Banco Central va dirigido a la catalogación, curación y conservación de piezas arqueológicas obtenidas en procesos ilícitos de excavación clandestina. La reserva de los museos del BCE constituye un verdadero elefante blanco que exige anualmente una carga monetaria gigante al erario nacional. Una cantidad de piezas carentes de contexto arqueológico reproduce una historia mal contada y en la mayoría de los casos inventada. Lo mas grave, sin duda, es el doble discurso y el doble gasto que realiza el Estado, en la medida que mantiene una burocracia dorada llena de aficionados y semiprofesionales, que cuidan piezas compradas a individuos que han causado la destrucción de una gran parte de la historia nacional, todo ello mientras paralelamente mantiene un INPC que debe hacer justo lo contrario, es decir combatir las excavaciones ilícitas.
Por muchos años, los bancos privados también compraron piezas y colecciones, y las mantuvieron en algunos museos para mostrar su “preocupación” por la cultura. Sin embargo, durante el salvataje bancario, no pagaron su deuda al Estado con dinero contante y sonante, sino con la entrega de esas mismas colecciones obtenidas fraudulentamente. De seguro que esto fue un negocio redondo para los coleccionistas y una gran pérdida para el estado. Primero, por la destrucción del patrimonio cultural que alimentó estas colecciones, y luego por cobrar deudas con estas piezas que obviamente fueron obtenidas ilícitamente, y que de acuerdo con la ley fueron siempre propiedad del estado.
Lejos estamos de considerarnos una sociedad en la que los científicos estén a cargo de los trabajos que demandan conocimientos científicos. Los huaqueros-coleccionistas hacen de las suyas y muchas veces tienen mejores relaciones con el INPC que el mismo arqueólogo. El INPC, en muchos casos, en vez de facilitar la labor científica, la ha coartado mediante el uso de una maraña de trámites burocráticos, mientras los sitios siguen destruyéndose en forma acelerada. Un colega extranjero me dijo una vez, que en este país es más fácil ser coleccionista que arqueólogo, pues el primero es más respetado y escuchado y considerado hasta para premios importantes de contribución a la cultura.
Si eso es verdad, creo que ya es hora de cambiar. Las nuevas generaciones son las llamadas a trabajar con un mínimo de sentido común. Si combatimos el huaquerismo debemos estar claros que el causante del mismo es el coleccionismo, pues si hay demanda habrá oferta. Si las intenciones de los coleccionistas son defender el patrimonio, pues que pongan sus recursos para la investigación y hagan acuerdos con el INPC para que les den las piezas en comodato para sus colecciones, con reglas claras de acceso que el público debe tener.
Los estudiantes, egresados y arqueólogos debemos ser más cuidadosos con quienes trabajamos. Sólo un cambio en la ética de los profesionales hará que no se mezclen huaqueros, coleccionistas y pseudo-arqueólogos con los profesionales serios que sí tiene este país. Debemos ejercer las presiones necesarias para que el INPC se maneje de forma técnica y no política y que sus reglamentos sean coherentes con su razón de ser, que es la de proteger el patrimonio cultural de la nación. El naciente Colegio de Arqueólogos debe luchar por cambios en el sistema de leyes y por la reconstrucción de la historia verdadera del antiguo Ecuador.