En julio del 2009 la Subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura convocó a varios investigadores ecuatorianistas a participar en una reunión donde se discutirían conceptos e ideas con el fin de contribuir a la elaboración de políticas de patrimonio orientadas al manejo de los sitios y contextos arqueológicos. Para ello se buscaron criterios y sugerencias fundamentadas en la investigación y en la gestión de los espacios arqueológicos. El resultado de la discusión constituiría una base para la construcción de un sistema nacional de manejo de sitios y contextos patrimoniales. En este contexto me permití emitir una serie de criterios, frutos de las experiencias en el trabajo que realizamos en la investigación arqueológica del yacimiento Santa Ana-La Florida, ubicado en el cantón Palanda, de Zamora Chinchipe. Es evidente que para tratar el tema hay que comenzar por comprender como la comunidad conceptualiza lo que es Patrimonio. Dicho de otra manera, la reflexión sobre el manejo de sitios patrimoniales debe comenzar haciéndose una serie de preguntas, que son en sí una línea de base para poder abordar de manera coherente el problema del manejo comunitario del patrimonio y sus expresiones naturales y culturales.

¿Cuál es la noción de identidad que tiende la comunidad? ¿En qué medida interviene el pasado en la noción de identidad? ¿Cuál es la noción de patrimonio que tiende la comunidad? ¿Es ésta individual o colectiva? ¿De qué manera siente la comunidad lo que es su patrimonio natural y cultural? ¿Qué es patrimonio cultural para una comunidad campesina, marginada de los servicios públicos básicos: salud, educación, seguridad social? ¿Cómo percibe una comunidad campesina la noción de riqueza patrimonial o de “valores culturales y/o arqueológicos”? ¿Cuál es la realidad cultural de la población ecuatoriana (campesina o urbana)? ¿Qué nexos siente ésta con su pasado, con sus antepasados, con su región, con sus tierras y con sus recursos naturales? ¿Quiénes son las autoridades seccionales, regionales o nacionales? ¿Qué importancia cotidiana concede la población a sus autoridades? ¿Qué importancia concede la ciudadanía a sus leyes y al sistema jurídico en general? ¿Cuáles son las responsabilidades que sienten las autoridades seccionales con relación a sus conciudadanos? ¿Cuáles son las responsabilidades con relación a la protección y al manejo sustentable de los recursos patrimoniales (naturales y culturales)? ¿Cómo conciben las autoridades a la comunidad, a las asociaciones ciudadanas, y al ciudadano? ¿Cómo conciben los actores (inclusive los arqueólogos mismos) el manejo cultural de los recursos naturales y culturales? ¿Qué significa un sistema de manejo de sitios y contextos arqueológicos? ¿A quién está dirigido? ¿Quién lo va aplicar? ¿Con qué recursos se cuenta para ello? ¿Qué tanta decisión (importancia) política tienen los ejecutores del sistema? ¿Qué tanta decisión (importancia) política merecen los recursos patrimoniales?

Las respuestas a estas preguntas deben ser la base empírica para poder esbozar un Sistema de Manejo de sitios, áreas, contextos y espacios arqueológicos. Ante todo hay que recordar una frase sabia que escuché en Québec: La conservación sin recursos es simplemente conversación.

Naturalmente, la primera pregunta será ¿qué tipo de recursos? La primera respuesta obvia es recursos humanos, esto es, tanto los que pretenden hacer el plan de manejo, como los destinatarios de la normativa de este plan de manejo. ¿Tenemos los recursos adecuados?, si este no es el caso ¿de dónde los sacamos? ¿De las experiencias de los ecuatorianistas? Estas preguntas son capitales, pues sin recursos humanos, no hay ni para qué pensar en recursos económicos, o en los recursos físicos necesarios para implementar cualquier plan de manejo. Sin recursos humanos conscientes de lo que es verdaderamente el patrimonio y de cómo hay que manejarlo, mal se puede esperar que alguien gestione, consiga e implemente cualquier otro tipo de recursos. Una mirada rápida de la coyuntura actual nos obliga a actuar y de hacerlo rápidamente, pues todo es urgente.

Las investigaciones en Palanda se dieron como el fruto de un programa de asistencia técnica y cooperación científica entablado entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo (IRD). Como tal, este programa se propuso efectuar un inventario arqueológico de la lejana provincia (y por ello quizás, muy olvidada) de Zamora Chinchipe. En teoría este proyecto debía contar con investigadores del IRD y con una contraparte del INPC, pues era un programa que se realizaba en un marco de conjunto equitativo (partenariat, partnership). En la práctica…, bueno no tiene caso entrar en detalles innecesarios, pero los actores del IRD fuimos inicialmente, y a través del tiempo: Jean Guffroy, Geoffroy de Saulieu, Gaetan Juillard y los miembros de la Legión Extranjera Julio Hurtado, Alexandra Yépez y Francisco Valdez. El proyecto comenzó en septiembre del 2001 con el reconocimiento usual del territorio y con la visita protocolaria ante todas las autoridades locales (seccionales, y provinciales y religiosas) para exponerles la naturaleza del proyecto, su carácter oficial, y la importancia de establecer un inventario de los recursos patrimoniales (sobre todo arqueológicos) existentes en sus respectivas circunscripciones. En la mayor parte de los casos, luego del asombro natural de una visita semejante, fuimos bien recibidos y escuchados. A menudo intercambiamos documentos (nuestro proyecto de investigación con algún folleto municipal o provincial) y siempre nos despedimos con promesas de colaboración institucional. Para no alargar el cuento, en Palanda nos entrevistamos con el Dr. Alcides Valencia, primer alcalde electo del flamante cantón. Dada la naturaleza del programa, durante los primeros años, realizábamos temporadas de campo más o menos prolongadas en cada una de las localidades donde se efectuaba la prospección regional. En Palanda estuvimos inicialmente 15 días durante el mes de octubre del 2001. En ese lapso nos familiarizamos con el pueblo (nos alojábamos en la única pensión situada en la plaza de armas), la gente de los barrios rurales y con el paisaje en general. Si bien es cierto que todos hablábamos un español casi correcto, nuestra apariencia y nuestro vehículo con placas azules, nos había ganado el título de gringos. En el año 2001, la política local no jugaba todavía en contra de “la minería” y la presencia de extranjeros (es decir todo el que no es local) era aparentemente bien vista y saludada con sonrisas por todos los comerciantes y prestadores eventuales de servicios en la comunidad. Nuestros horarios de trabajo, las frecuentes compras de bebidas no alcohólicas y de otros materiales necesarios nos ganaron una buena acogida en el medio. Nuestra simpatía personal impidió que el aroma usual de la transpiración europeizante nos cierre las puertas de la comunidad. Los recorridos cotidianos por las fincas, vegas de los ríos y cerros del cantón nos dieron cierta familiaridad con la población urbana y rural. Hay que señalar que Palanda era, de cuando en cuando, visitada por dos tipos de extranjeros: los turistas que bajaban en un raid ameno hacia el Perú (en bus o en bicicleta) y los gringos locos que venían a buscar aves, en las distintas reservas naturales cercanas al parque Podocarpus. Como no correspondíamos a ninguna de estas dos categorías la gente no perdió su curiosidad sobre nuestras actividades y nos seguía con una mirada aparentemente amigable, pero naturalmente desconfiada. Para cuando terminamos el recorrido inicial por el cantón y seguimos nuestra marcha hacia el sur, habíamos ya dejado de ser una curiosidad amena para la mayor parte de la gente.

Para cuando se descubrió el yacimiento (hoy llamado Santa Ana-La Florida) en octubre del 2002, éramos ya casi parte del paisaje itinerante y vertiginoso de las rutas Loja / Zumba. Éramos conocidos por los pobladores de Valladolid, Palanda, Vista Hermosa, Bellavista, El Progreso, Zumba, Chito y naturalmente La Balsa. En todos estos sitios habríamos explicado la razón de nuestra presencia y la naturaleza de nuestro trabajo, con el diario caminar por todas las chacras y quebradas habidas y por haber. En más de uno de estos pueblos teníamos amigos, o por lo menos un par de guías locales, con los que compartíamos el camino, el sudor y el almuerzo. Se podría pensar que entre nosotros reinaba ya una cierta confianza mutua. Por lo general, la gente nos calificaba de “los gringos que se interesan por los gentiles” y más de uno de esos nos venía contar que en su finca, habían noches en que quemaba la tierra, o que se habían encontrado tiestos o piedras raras en el campo. Nuestra relaciones con los profesores locales eran amigables así como con el cura, la policía o hasta los chóferes de las camionetas o chivas con las que nos cruzábamos cotidianamente.

A pesar de que teníamos buenas relaciones con todos y habíamos dado empleo ocasional a muchos miembros de la comunidad, nada impidió que en agosto del 2003, individuos mal aconsejados (por dos o tres personajes de Palanda) se dedicaron a “minar” el extremo sur-oriental del yacimiento, buscando supuestos depósitos auríferos y/o “huacas que estos gringos pretendían sacarse calladitos de Palanda”. Durante nuestra ausencia, en la supuesta época de lluvias del 2003, el yacimiento vivió una verdadera feria minera. A lo largo de quince días el escarpe de la terraza que da sobre el río Valladolid, fue salvajemente desbancado ante la vista y paciencia de los vecinos y de las autoridades locales. Todos sabían desde septiembre del año 2002, que el terreno constituía un yacimiento arqueológico de primer orden. Las labores de los “mineros” destruyeron más de 50 m² de una terraza artificial que contenía vestigios arquitectónicos enterrados y una cantidad indeterminada de restos funerarios. Algunos de los objetos saqueados fueron vendidos a traficantes, que a su vez los negociaron en Quito y Guayaquil. Estas acciones desencadenaron un proceso irreversible de erosión, que se acentuó con las fuertes precipitaciones de los meses de agosto y septiembre. Para cuando el equipo de arqueólogos del IRD llegó en septiembre, la fiebre de la búsqueda de los tesoros había ya decaído ante la ausencia de oro. Cuando nos dirigimos a las autoridades locales se nos dijo que no podían hacer nada y que lo único que cabía era presentar una denuncia ante el ministerio público (a tres horas de camino) en Zumba. De nada sirvió insistir ante el alcalde, quien había sido encargado por el INPC (de acuerdo a la ley de descentralización) de velar por la protección del yacimiento arqueológico. Para colmo de los males, el sitio había sido además invadido por un grupo político opositor al alcalde, que había decidido establecer allí un programa de vivienda popular. Éste grupo estaba encabezado por el Dr. Alcides Valencia, antiguo alcalde que había perdido recientemente la reelección del cargo. Ante la actitud hostil de este grupo, no nos quedó más que viajar a Zumba para hacer la denuncia ante el fiscal regional y sobre todo para traer a algún miembro del ejército que pueda o quiera detener la destrucción indiscriminada del sitio arqueológico.

Al día siguiente, con la ayuda de un capitán orgulloso de su origen carchense, pudimos desalojar a los invasores sin más que el don de la palabra. Luego se trajo a la policía local para que verifique los hechos y redacte un parte necesario para la denuncia ante el ministerio público. Un par de meses después nos enteramos de que los “trabajos de la minería” habían sido instigados por un comerciante local, que de paso oficiaba de corresponsal del diario La Hora (capítulo Loja). Este caballero había publicado ya, en el mencionado periódico, un par de entrevistas sobre la naturaleza de nuestros trabajos en Palanda. A Macondo todavía no llegaban los gitanos, o la fábrica de hielo (Sorry, Ron!).

Ante la gravedad de la destrucción, de inmediato se iniciaron trabajos de consolidación de las paredes verticales de la terraza y comenzaron los trabajos de salvamento en el terreno adyacente. En estas labores se empleó a mucha gente de la comunidad, probablemente varios de los que habían participado a la “feria minera”. En los trabajos se despejaron varias estructuras arquitectónicas parcialmente destruidas y se puso en evidencia el carácter artificial de esta parte del yacimiento. La curiosidad de la comunidad, que se “enteraba de los destrozos” efectuados atrajo a mucha gente al sitio. Como hasta la fecha no se habían efectuado excavaciones en el yacimiento, la gente descubría con los arqueólogos los vestigios que aún reposaban en el subsuelo. Los trabajos se prolongaron varios meses, pudiéndose encontrar una importante tumba, varios contextos no alterados, y caches donde se encontraron ofrendas no relacionadas con un culto funerario. La población siguió de cerca estos trabajos y fue comprendiendo la naturaleza del trabajo arqueológico. Comprendió la necesidad de saber excavar y registrar los contextos que se van exponiendo. El asombro de la población (y un cierto orgullo del yacimiento) vinieron más tarde, cuando los fechamientos obtenidos dieron una serie confiable de resultados y se pudo fijar la antigüedad de los contextos excavados entre los años 4895 y 2248 antes del presente.

Para este entonces la prensa nacional y extranjera daba ya cuenta de la importancia del yacimiento Santa Ana-La Florida dentro del contexto de la arqueología americana. Un resultado inmediato de este hecho fue la inclusión del símbolo internacional de monumentos arqueológicos en el letrero que da la bienvenida al pueblo de Palanda. Con el tiempo (y mucha perseverancia) se pudo convencer al municipio de efectuar la declaratoria de interés público y obtener la expropiación oficial de los terrenos. Un año después, el INPC logró hacer que el sitio sea oficialmente declarado parte del Patrimonio Cultural de la Nación. A pesar de estas declaratorias, hasta el día de hoy el municipio de Palanda no asume la obligación de mantener un guardián permanente en el yacimiento.

En marzo del año 2007, una creciente inusual del río Valladolid, provocó la inundación de buena parte de la cuenca alta del río Chinchipe. En el yacimiento Santa Ana-La Florida el nivel de las aguas subió 7 m, provocando el caos y la destrucción de una parte en las márgenes bajas del río. Las paredes de la terraza fluvial fueron golpeadas duramente por los materiales acarreados por el río. Troncos de árboles, piedras y múltiples sedimentos en suspensión chocaron contra la terraza debilitada por las actividades de huaquería, saqueo y desbanque del extremo sur del yacimiento. Cuando las aguas del río se retiraron se produjo el deslizamiento de suelos y el cuarteo de las paredes de la terraza fluvial que sostiene al yacimiento. En pocos días la erosión, desencadenada por las lluvias torrenciales propias de la época invernal, provocó nuevos destrozos en el sitio. Estos fueron parcialmente contrarrestados por el equipo de arqueólogos del IRD, pero era una lucha desigual y la naturaleza pronto recobró sus fueros. Entre abril y agosto del 2007 se pidió ayuda a las autoridades seccionales, pero estos llamados no tuvieron eco en la municipalidad o en la prefectura provincial. En Quito se pidió ayuda al Ministerio de Cultura, que de inmediato declaró al sitio en emergencia y solicitó la ayuda a las fuerzas armadas para enfrentar a los embates de la naturaleza. El Batallón de Selva # 17, Zumba volvió a prestar su contingente y durante un mes ayudó a los arqueólogos del IRD a reconstruir un pequeño muro de gaviones que había sido arrancado por la fuerza del río. Acciones posteriores de la Directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (de ese entonces) lograron que el sitio sea incluido en el Decreto Presidencial # 816, del 21 diciembre 2007, que declaró el Estado de Emergencia en el sector de Patrimonio Cultural a nivel nacional.

De esta manera el yacimiento arqueológico Santa Ana-La Florida ha sido objeto de la intervención gubernamental para frenar los procesos naturales de erosión que amenazaban con la destrucción del sitio. La Unidad de Gestión del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural emprendió la construcción de muros de contención, hechos con gaviones, en todo el entorno de la margen occidental del río Valladolid. Con esta obra de ingeniería civil se consolidó la parte afectada del yacimiento y se detuvieron los procesos de erosión que amenazaba al sitio. En el transcurso de estos trabajos se removió una gran cantidad de tierra en el extremo norte del yacimiento, que hasta la fecha no había podido ser explorado, por lo que el equipo de arqueólogos del convenio IRD / INPC emprendió nuevas acciones de rescate arqueológico en este sector. Gracias a las obras del Decreto de Emergencia, la protección del sitio fue complementada con la construcción de una cobertura permanente del sector más delicado del yacimiento. Esta estructura no sólo evita que las precipitaciones destruyan los contextos parcialmente expuestos, sino que además sirve de centro de interpretación hasta que, en un futuro próximo, se pueda realizar la construcción de un museo de sitio.

Asumiendo plenamente sus responsabilidades la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura (de ese entonces) lanzó un concurso para la realización de un programa de investigación y puesta en valor de los recursos patrimoniales de Palanda. El objetivo de este programa fue concienciar a la comunidad local sobre la importancia de la protección y del manejo adecuado de los recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales. Este proyecto fue ejecutado por la Universidad Técnica Particular de Loja, en colaboración con el equipo de arqueólogos del IRD. Paralelamente el Ministerio de Cultura contrató un programa de diseño para la configuración de un parque arqueológico-ecológico en Palanda. Este programa tiene a su cargo igualmente el diseño del museo de sitio que algún día se construirá en el yacimiento Santa Ana-La Florida. Estos estudios estuvieron a cargo de los arquitectos Paola Meneses y Christian Brown.

Como respuesta a estas obras gubernamentales, la comunidad de Palanda no votó, en las últimas elecciones, por los candidatos oficialistas de la lista 35 (el candidato a alcalde era nuevamente el Dr. Alcides Valencia) y prefirieron apoyar al candidato de Pachacutik para la Prefectura Provincial. No obstante, la conciencia ciudadana ha incluido ya a sus recursos patrimoniales en el imaginario colectivo de Palanda.

Fuera de la acción proselitista política, las labores del equipo de arqueólogos del IRD han contribuido a que la población se sienta involucrada en el proceso de protección del sitio arqueológico. La noción de los valores patrimoniales que se encuentran inmersos en el yacimiento ha variado notablemente, los niños ya no hablan de huacas o de tesoros escondidos, sino más bien de las “casas de los antiguos” o hasta de “las momias más antiguas de América”. Poco importa la exactitud estos datos, el hecho es que ya no se habla de oro, sino más bien de los antepasados que están todavía presentes en esta parte de su territorio vivo. En general, la gente tiene ya una idea de los cambios posibles que la presencia del sitio, como posible destino turístico, traerá a sus vidas. Las esperanzas de un desarrollo de las actividades productivas, a nivel individual o colectivo, están ligadas a la cultura Mayo Chinchipe que parece atraer ya a los turistas. Pero este no ha sido un trabajo fácil, el convencer a la comunidad ha sido casi tan difícil como el convencer a los organismos gubernamentales de actuar en pro de la defensa de los recursos patrimoniales de esta región.

A lo largo de los años que han pasado desde octubre del 2002 hasta la fecha, la comunidad ha tenido en el sitio Santa Ana-La Florida, una fuente de trabajo para muchas familias. Se ha convertido paulatinamente en un motivo de orgullo ante las poblaciones vecinas y sobre todo ese ya es un espacio público, abierto para la recreación cultural y deportiva. Desde octubre del año 2003 se dictan regularmente charlas y conferencias públicas en las escuelas y colegios del cantón Palanda, donde se sociabiliza la información “científica” que el sitio va arrojando paulatinamente. De la misma manera, el yacimiento recibe la visita regular de escuelas y colegios de toda la provincia. Han llegado inclusive grupos universitarios de Loja y Guayaquil que se han enterado de la existencia de “las momias más antiguas de América” en Palanda. El equipo de arqueólogos del IRD ha realizado entrevistas en las radios y televisoras locales, nacionales y hasta extranjeras. Desde las ondas de la Radio San Antonio de Zumba, se ha pasando por la Voz Centinela de Jaén, para llegar a la cadena pública F3 de Francia y regresar con fuerza a las demoníacas Teleamazonas, Ecuavisa y Canal Uno. Hace poco el equipo de Ecuador Ama la vida hizo una pequeña reseña que se puede ver aun en el portal del Ministerio de Turismo. Extensos reportajes se han hecho igualmente en los diarios de alcance nacional como El Comercio, El Universo, El Hoy, El Telégrafo y la siempre popular La Hora. Las revistas nacionales Vistazo y Cosas han hecho igualmente reportajes sobre la novedad y la importancia histórica del yacimiento ubicado en Palanda. Qué decir de la información que continuamente se publica en el portal Arqueología Ecuatoriana, o en los folletos que se han publicado para distribución a los visitantes del sitio.

En definitiva, se ha logrado invadir los medios de comunicación social con información de fácil digestión sobre la historia antigua y presente de Palanda. En días pasados acabamos de ver en YouTube un video sobre el yacimiento, hecho por aficionados de Palanda (“hallazgo de restos de ase 5000 años en Palanda, Zamora Chinchipe”). Este hecho nos demuestra que la población local ha comenzado a empoderarse de su patrimonio, lo asume y lo reinterpreta a su manera. No importa las faltas de ortografía, los jóvenes de Palanda se han dedicado a exponer su patrimonio ante los ojos del mundo. Para la reflexión de la problemática esbozada al inicio, creo que en este relato se dan respuestas empíricas y conceptuales a las preguntas de la línea base, la próxima pregunta seria ¿Quién las escucha?