Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como relumbra en el instante de un peligro.

Walter Benjamin

Si admitimos que el patrimonio cultural es un elemento aglutinante para la constitución de aquella entidad polisémica que entendemos como “identidad”, parecería un ejercicio necesario y hasta imprescindible definir cómo se constituye esa identidad y de qué manera se apropia la comunidad o comunidades de tal aglutinante, y si dicha apropiación se realiza desde adentro de los conjuntos humanos o viene establecida según el modelo de agenda que se adopte desde el poder.

El pasado, entonces, a través de la historiografía o a través del manejo del patrimonio cultural podría bien constituirse tanto en elemento “estructurador”, como en instrumento ordenador que se asume de un modo acrítico como simple mecanismo repositorio de la tradición.

Es probable que la mayoría de personas no vinculadas con el quehacer formal alrededor del patrimonio cultural, tengan dificultad al momento de abstraer los conceptos que se manejan en los círculos académicos y políticos vinculados al patrimonio cultural, tales como historiadores, restauradores y arqueólogos, en suma: los especialistas en el pasado, como los llama García Canclini.

Sin embargo, esto no obsta de manera alguna para que esas mismas personas registren un significado simbólico que participa activamente en la construcción de su expresión y en la manifestación de esta interioridad, a través de una red de interacciones que forman la noción de pertenencia.

La interiorización y la apropiación del patrimonio por parte de las comunidades, no se constituye de ninguna manera desde una tabula rasa, que hace partir de los mismos supuestos a quienes son beneficiarios de su legado. No ocurre esto, en primer lugar porque esos fenómenos se producen desde visiones particulares y comunitarias distintas, condicionadas por la propia memoria, la interacción con otros referentes culturales dinámicos, los usos políticos del patrimonio y en última instancia por la desigualdad social.

En gran medida, las dificultades que obstaculizan la política cultural y la teorización al respecto, derivan de la creencia de que el patrimonio cultural armoniza lo que de ninguna manera termina de armonizar en las relaciones sociales, dado que los bienes culturales acumulados en la historia no pertenecen realmente a todos, aunque así lo parezca formalmente y aunque oficialmente parezcan estar al alcance y disposición de todos, pues en la práctica, a medida que se desciende en la escala socio económica aumentan las dificultades para apropiarse del capital cultural.

Bastaría observar sin apasionamiento tales dificultades de acceso y simplemente comparar las posibilidades educativas, la capacidad real de disponer del tiempo de ocio, e inclusive la capacidad de movilización, y eso sin contar con manifestaciones más burdas de la desigualdad como los precios prohibitivos para el ingreso a monumentos, edificaciones y sitios que han sido conservados con el esfuerzo colectivo.

En tiempos en que todo el edificio paradigmático del liberalismo salvaje se viene global y estrepitosamente al suelo, habría que considerar en qué medida el impacto derivado de sus políticas, de su visión del mundo y de la zoologización de las relaciones humanas, ha aumentado la brecha de desigualdad en la capacidad de los pueblos de apropiarse de su capital cultural.

Talvez, hablando del darwinismo social, debamos revisar las distintas dimensiones que ha alcanzado la valoración del patrimonio en diversas épocas a través de la noción ya caduca de la nación unitaria. Juan de Velasco, por ejemplo, crea una visión mítica y colosal del pasado, destinada a enaltecer ante los ojos del imperio español un supuesto Reino de Quito, si bien para entonces ya la hegemonía peninsular había arrasado con los vestigios materiales de la memoria (como corresponde hacer a todo imperio que se precie de serlo). No quedó entonces sino la imaginación sobre el pasado de gloria, útil para las etlites criollas y su proyecto. Con otro rasero distinto se midió a los gestores indígenas de aquel supuesto pasado, arrasados ya sus signos, sumergiéndolos en el reino de la naturaleza para terminar de consumar el despojo, pues haciendo naturales a los seres humanos, se les termina por privar de su cultura, de su historia y por tanto de su humanidad. Pasado de gloria ancestral para los criollos, miseria práctica y genocidio para los indios.

Cosificadas ya las mayorías, el proyecto de nación se fundamentó en un imaginario construido sobre el edificio del colonialismo y sus enormes huellas y manifestaciones materiales en los grandes centros urbanos y en los pequeños núcleos provinciales, pero con marcada preeminencia de Quito como centro de la construcción política y por cierto de la identidad nacional.

Más contemporáneamente, pensadores que se encontraban en las antípodas ideológicas, como Pío Jaramillo Alvarado, que consideró a Quito como el eje de la integración nacional y; Navarro, que circunscribió la cultura ecuatoriana a la urbe capitalina, coinciden en dicha construcción de una visión de nación quitocéntrica y por tanto, reivindicadora de la hispanidad y de la memoria de la cruz y de la espada.

Talvez habría que entender desde aquellas posturas, imbuidas del espíritu nacionalista herido por el Protocolo de Río y ansioso de vindicación, el imaginario que germinó en la creación de la Casa de la Cultura y de la Dirección de Patrimonio Artístico, como aporte a la “conciencia cívica y al orgullo nacional” y que en su momento fue de utilidad para sanar las heridas que dejó en la guerra del 41.

La emergencia, cada vez más orgánica, de los indígenas, cholos, negros y montubios, no encuentra todavía correspondencia justa entre su aporte a la vida pluricultural y la preocupación por las manifestaciones de su patrimonio. Y ciertamente se aparta radicalmente de la visión mítica del pasado y del nacionalismo unitario y vindicativo que rigió gran parte del siglo XX.

Sin embargo, el barco del Estado ha comenzado a dar un giro notable y de ribetes históricos con la firma del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural emitido a finales del 2008 por el Presidente Rafael Correa. Por primera vez se logra un inventario de bienes, técnico, documentado y de alcance verdaderamente nacional.

Es importante resaltar que más allá de los logros alcanzados, trasluce una actitud doblemente democrática en el hecho de haber roto el oligocentrismo del que adolecían todas las políticas culturales, con la excepción de algunas iniciativas del INPC y del Banco Central del Ecuador, que no llegaron a consolidar proyectos nacionales, ya sea por escasez de recursos, o por falta de continuidad.

Realizar un inventario nacional y acometer tareas de conservación que eviten el colapso de monumentos en todas las provincias, genera una vertebración germinal pero promisoria, en cuanto a la integración de lo otro, más allá de Quito, Guayaquil o Cuenca constituidas como centros manifiestos de la atención estatal.

La iniciativa de crear un ministerio que coordine a instituciones en temas de patrimonio también debe apoyarse, en la medida en que el estado a través de ella, recupera la iniciativa para la construcción de una relación intercultural de tolerancia, respeto y solidaridad, fundamentadas en el mutuo conocimiento de los pueblos, en suma, democratiza la posibilidad de las comunidades de mirarse hacia adentro para constituir sus identidades, en la medida en que simbólica y materialmente se vuelven a valorizar bienes que sobreviven al absurdo de la confrontación entre pasado y progreso que subyacía en la ideología que mantuvo a la gente prisionera del libre mercado.

Consecuente con los alcances revolucionarios de este nuevo enfoque del patrimonio cultural, las instituciones estatales deberán fortalecer la protección del patrimonio intangible, que se genera fundamentalmente en los estratos populares en contraste con el patrimonio monumental que se erige desde una situación de poder, casi siempre.

Esta valoración de lo popular, del patrimonio construido desde el obrero, el campesino y los ciudadanos comunes, no solo devuelve al pueblo un nivel de dignidad que parte del reconocimiento de los demás y su respeto, sino que reconoce de nuevo a los productos históricos y culturales como manifestación de intencionalidad y por tanto de humanidad, aún cuando diste mucho para alcanzar la equidad, ya es un paso gigante estar en el camino.

El uso social del patrimonio

Los conceptos con que solemos acercarnos al patrimonio: identidad, historia, monumento, que le dan a aquél un sentido, deberían desmontarse al menos temporalmente para permitirnos acercar otros conceptos como turismo cultural, disfrute del tiempo libre, espacio público, espectáculo.

Si la globalización de la economía se tradujo en desregulación de los mercados financieros, disminución de los programas sociales, desinversión en educación, salud y por supuesto la cultura, hermana cenicienta de las anteriores, un proyecto político responsable deberá orientar recursos y mecanismos de regulación también en el ámbito de la cultura y sus actores, constituidos en piedras fundacionales para posibilitar el uso social del patrimonio, en condiciones de equidad.

No se podrá realmente salir de la larga — y muy oscura por cierto — noche neoliberal manteniendo una política de laissez faire con los trabajadores e intelectuales de la cultura, regulados por “la mano invisible” del mercado y esperar a cambio una política sostenible que favorezca la conservación, difusión y apropiamiento social del patrimonio. Ya se perciben, afortunadamente, vientos de cambio que habrán de consolidarse con una verdadera militancia por el patrimonio cultural.

Pero volviendo al tema, aquellos conceptos que parecieran tan ajenos e incluso contradictores per se, deberían conciliarse en la política pública, habida cuenta que hoy por hoy no solo se considera patrimoniales a las expresiones “muertas” de la cultura, sino también a los bienes actuales tangibles e intangibles como las artesanías, conocimientos, tradiciones, etc. y que las acciones tradicionales de conservación de monumentos y sitios hoy se avienen a los nuevos usos sociales que demandan las mayorías.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en el uso social del patrimonio, también suelen difuminarse los límites entre lo público y lo privado, y esta ambigüedad persiste en contaminar la esfera de aplicación de la acción estatal.

Esto se verifica sobre todo en la intervención de inmuebles que mantienen la doble condición de ser propiedad privada de personas naturales o jurídicas y a la vez ser patrimonio cultural de la nación. Esto ha hecho que en muchos casos el Estado a través de organismos especializados haya realizado ingentes inversiones en conservación de monumentos y sitios a los cuales a veces ni siquiera el usuario especializado puede tener acceso pues quienes detentan la propiedad del bien, llámense éstos comunidades religiosas o no, los manejan a su arbitrio.

Deberá ponerse en la palestra este tema para ser ampliamente discutido, con la finalidad de que se establezca un marco jurídico que norme compromisos de uso que posibiliten el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los sitios en que están invertidos sus recursos.

El patrimonio cultural se ha constituido en el eje del llamado “turismo cultural”, que ha evolucionado desde los antiguos viajeros y aventureros que escribían libros de viajes al visitar otras culturas y explorar otros mundos, hacia un tipo de turismo organizado que pretende llevar al viajero a internarse en otras culturas, costumbres y usos, y además permitirle entender su etnografía en el marco de sus sitios arqueológicos, ciudades y monumentos.

Este tipo de turismo es un potencial enorme, atravesado por varios ejes que podrían ejercer una gigantesca fuerza motriz en el desarrollo del país, si se lograran coordinar y orientar en una misma dirección. Consideremos el caso de países como España o Italia, que cuentan con industrias reales y entre ellas la industria limpia del turismo, como rubro principal de ingreso de divisas. Estos países han debido previamente pasar por un proceso de cambio social y de ciudadanización del patrimonio cultural, en consecuencia con el modelo de desarrollo del estado de bienestar.

Para que un proceso similar pueda sucederse en el Ecuador actual, será importante que la visión antropológica de cultura, con que suelen manifestarse las instancias oficiales, se transforme en política real, dado que subyacen a pesar de aquella visión, las lecturas discriminatorias condicionadas por el sistema de valores de clase.

En el proceso de realización del inventario nacional de bienes culturales se ha procedido con una mayor amplitud de criterios para incluir en él, manifestaciones de los pueblos y sectores que no pueden hacer un acumulado histórico de sus conocimientos, a diferencia de los sectores hegemónicos que si lo pueden hacer, elevando la calidad de sus productos e incluso de sus intervenciones sobre los bienes.

Es entonces de vital importancia que el registro e inventario de bienes culturales sea sostenible en el tiempo, pues será la única garantía de que las manifestaciones populares también puedan gozar y legar el acumulado histórico de su experiencia, aunque sea solamente por vía del registro de la memoria. Al respecto, es ilustrativa esta cita:

La producción cultural de los obreros, observa la antropóloga brasileña Eunice Ribeiro Durham, casi nunca se archiva. La memoria popular, en la medida en que depende de las personas, “es una memoria corta”, sin los recursos para alcanzar la profundidad histórica que logra el patrimonio reunido por los intelectuales en la universidad¹.

La acción privada

Si no articulamos la respuesta de lo cultural con el rescate del patrimonio para una dimensión de uso social, vamos a encontrarnos con enormes limitaciones para preservar este patrimonio. (Ramón Gutiérrez)².

Existe entre algunas elites culturales la predisposición a creer que la dinámica entre el interés privado y el interés común para la conservación del patrimonio, son dos cargas que movilizan el dínamo de la contradicción social. Esto no necesariamente es así, y en ocasiones funciona, si está debidamente regulado y supervisado, a favor de la preservación.

Tal caso se observa en el Centro Histórico de Quito, en proyectos actuales como la “Casa del Alabado” o el Hotel Boutique “Casa Gangotena”, en los que concurren tanto el criterio técnico acertado como la participación de las instancias reguladoras del gobierno local y del estado central.

La refuncionalización de los espacios, sin afectar el sentido tipológico ni escenográfico de los monumentos en cuestión, da oportunidad de revitalizar sectores que han sido largamente deprimidos en un contexto de decadencia urbana y marginación de sus usuarios. Por supuesto que tales acciones conllevan un interés de lucro, pero implican también calidad en las intervenciones y el disparo de una dinámica de producción y desarrollo que requiere de otras medidas para que el patrimonio pueda ser asumido por la comunidad que lo acoge.

La oportunidad de generar empresas mixtas que produzcan objetos de merchandising, guianzas locales, microempresas culturales de producción de bienes y de servicios alrededor de las grandes inversiones de capital para complementarlas, puede ser una manera en que las comunidades redistribuyan (con apoyo del Estado a través de capacitación y crédito) el beneficio del capital económico y cultural. Además, debe procurarse que los impuestos y tasas generados a partir de la explotación de los bienes patrimoniales, se reviertan directamente a las comunidades y sectores en que se produce el beneficio privado.

Dice Carlos Monsiváis que “Por décadas, la izquierda cometió el grave error de juzgar, por ejemplo, a la lucha por preservar monumentos coloniales como tarea del guardarropa evocativo de la derecha, quizás algo plausible, pero de ningún modo tarea prioritaria. En su preocupación por adueñarse del sentido del porvenir, la izquierda le “regaló” el pasado a la derecha, reservándose solo la cláusula de la interpretación correcta y científica”.

Sería deseable que toda acción pública respecto del patrimonio mantenga el espíritu de cambio y democratización, y que comprenda que a pesar de los errores y las desorientaciones políticas eventuales, el país comulga aún con un proceso de rescate de la memoria colectiva y sus testimonios visibles e invisibles, siempre y cuando se mantenga una visión incluyente y respetuosa de la diversidad y que la interacción con lo privado tenga un espíritu redistributivo de los capitales financieros y del capital cultural. Así y solo así esa patria simbólica empezará a ser realmente de todos.

Notas:

1. Garcia Canclini, Néstor. “Los usos sociales del Patrimonio Cultural” En Aguilar Criado, Encarnación (1999) Cuadernos Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.Paginas: 16-33
2. Conferencia en: VII Jornadas chilenas de preservación arquitectónica y urbana. Ver: Revista Arquitectura Andina, Edición Nº 39

Manuel Jiménez Carrera. Es restaurador y museólogo, con amplia experiencia en la gerencia de conservación de algunos de los monumentos más importantes del país. Ha sido profesor en el curso interamericano O.E.A – INC, en el Cusco y miembro del comité consultivo de retablos del Getty Conservation Institute e Instituo Andaluz de Patrimonio Histórico.